El Otro Rostro de la Mineria
La industria minera presenta la actividad como "sustentable" y ambientalmente amigable. Pero esta actividad extractiva es una de las más destructivas y amenazantes de las comunidades locales en los países del Sur. Encuentre aquí las pruebas.

El gobierno ecuatoriano ha cometido una serie de arbitrariedades y faltas para dar paso a la industria minera.

Por ejemplo, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría del Crédito Público-CAIC-, la misma que calificó de ilegítima a la deuda contraída con el Banco Mundial para el Proyecto de Minería y Control Ambiental -PRODEMINCA- y sugirió anularla por haber injerido en la política estatal y por violar los derechos colectivos, entre otras razones. El gobierno también ha incumplido el Mandato Minero, aprobado por la Asamblea Constituyente, puesto que no ha revertido las concesiones mineras a las empresas extranjeras. Además, recientemente, para la aprobación de la Ley de Minería se ignoró la opinión y derechos de las organizaciones y poblaciones locales, campesinas e indígenas. Aún más, ha omitido la existencia de una demanda de inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Minería ante la Corte Constitucional.

Ahora, el gobierno atropella el proceso de diálogo establecido de mutuo acuerdo con el movimiento indígena. Sin que hasta el momento se haya instalado la mesa de diálogo para tratar las “reformas” a la Ley de Minería, el ejecutivo ha anunciado públicamente el respaldo e inicio de la minería de gran escala y ha continuado la firma de contratos y la aprobación de reglamentos. A viva voz proclamó los proyectos de incentivo minero entre los que se encuentra el proyecto “Cóndor” de Kinross.

La empresa canadiense Kinross se encuentra incrustada en el corazón de la Cordillera del Cóndor en la Provincia de Zamora-Chinchipe. Su proyecto minero “Cóndor” se encuentra sobre el depósito mineral, conocido como Fruta del Norte. No solamente que la Cordillera del Cóndor es una de las áreas de mayor importancia del planeta por su altísima biodiversidad, sino que además es parte del territorio ancestral de la nacionalidad Shuar del lado ecuatoriano y de los pueblos Awajún y Wampis del lado peruano.

Para saber quién es Kinross revisemos brevemente cómo actúa la empresa en otros países.
En Congo (Kinshasa), de acuerdo a los autores Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher, en su libro “Negro Canadá”, el consorcio formado por la minera Kinross y el inversor belga George Forrest, con solo una inversión de $US 200 millones, buscaba apropiarse de los derechos sobre el gigante yacimiento de cobre de Kamoto, en la provincia de Katanga. A pesar de la protesta del Ministro de Minas del gabinete de Kabila, que calificó a la propuesta del consorcio como "inaceptable", el gobierno congolés finalmente cedió. Así, se firmó un acuerdo en el que inclusive la participación del Estado había sido rebajada del 30% al 25%, comparada a la propuesta inicial. Registrado en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas, el consorcio Kinross-Forrest impuso clausulas indefendibles como por ejemplo que el estado congolés tenía que asumir no solo los riesgos de la inversión, sino que garantizaría las ganancias a Kinross, pues si los yacimientos no contenían suficiente mineral para satisfacer los objetivos de producción o para alimentar la planta de tratamiento, durante el periodo del acuerdo joint venture, el estado debería poner a disposición de Kinross-Forrest, otros yacimientos explotables suplementarios.

En el 2005, Kinross se retiró del proyecto Kamoto bajo el pretexto que había "descubierto" que el yacimiento era de cobre, metal que no es de su interés. Sin embargo, Kinross vendió sus acciones a una minúscula empresa de Toronto llamada Balloch, cuyas acciones subieron vertiginosamente en la bolsa de valores de esa ciudad. Kinross se benefició de esta transacción especulativa ganando US$ 570 millones sobre yacimientos que se encuentran en un país destrozado por 8 años de guerra civil. Como podemos ver la actuación de Kinross en el Congo contradice plenamente la mal llamada responsabilidad social corporativa.

En días pasados, en Ecuador, la SENPLADES, ha anunciado que el proyecto “Cóndor” de Kinross, así como los proyectos Panantza y San Carlos de Corriente Resources, han sido incluidos entre las prioridades de inversión nacional. Para esto, se ha conformado un grupo de trabajo multisectorial en el Ministerio de Minas y Petróleos encargado del desarrollo del llamado “cinturón del cobre” al sureste del país.

Nos preguntamos, ¿dónde radica la soberanía, la responsabilidad social y ambiental del Gobierno al consentir que se exploten áreas frágiles para minería, como es la Cordillera del Cóndor, devastando la naturaleza y atentando contra pueblos indígenas y campesinos?

No queremos un nuevo plan “Cóndor” minero pues viola los derechos de las comunidades locales y los derechos de la naturaleza.

¡¡¡¡No queremos inversión si es para la destrucción!!!

Por Gloria Chicaiza, mineria@accionecologica.org

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Un vídeo sobre el proceso de resistencia en contra de la minería en la zona de Intag, Provincia Imbabura, Ecuador. Es una lucha llevada adelante durante más de diez años por las comunidades campesinas, que ha resultado exitoso. Este es el primer video que se produjo en estas comunidades. Todavía de plena actualidad, por los acontecimientos que se narran, que son tan similares a los que ocurren en otras partes de Latinoamérica y del mundo.

En la parte elevada de los Andes ecuatorianos donde desaparecen las carreteras en los bosques nublados de la zona de Intag, alejado de la ciudad capital de Quito y otras ciudades, se encuentra un área de extraordinaria belleza natural. Está salpicado de aldeas pequeñas, fincas familiares y pequeñas fincas cafetales, ubicados junto a la prístina reserva ecológica nacional de Cotacachi-Cayapas. Sin embargo una compañía minera canadiense en fase de exploración afirma que un importante yacimiento de cobre está enterrado debajo de este ecosistema exuberante y comunidades pacíficas. Copper Mesa Mining Corporation, financiada principalmente en la Bolsa de Valores de Toronto, y asociada con el gigante minero mundial, Rio Tinto, afirma que se debe excavar una enorme mina a cielo abierto en las montañas del bosque nublado a fin de extraer el cobre. Marcia, Israel y Polibio alegan en su demanda que la TSX tenía un deber legal bajo las leyes de Canadá de dejar de proveer ayuda financiera a una compañía como Copper Mesa donde existía un riesgo previsible de que los fondos recaudados en la Bolsa serían utilizados para perjudicar a personas en Ecuador.

Ataques a las comunidades

El 2 de diciembre de 2006, los miembros de la comunidad fueron alertados que una numerosa y armada brigada de seguridad privada contratada por Copper Mesa (conocida entonces como Ascendant Copper), venía por el camino comunitario con el objeto de pasar a la fuerza por las comunidades y llegar al yacimiento de cobre. Los miembros de la comunidad se movilizaron rápidamente y un grupo de hombres, mujeres y niños se reunieron en el camino para defender sus hogares, tierras y el medio ambiente. Una estudiante de Europa que estuvo de visita para estudiar la controversia captó con una cámara de video lo que sucedió después. Varias camionetas de propiedad de la empresa o contratadas se detuvieron en el bosque, y docenas de hombres uniformados, portando carabinas y revólveres, se bajaron y se acercaron al grupo que bloqueaba pacíficamente el camino.

Los paramilitares se detuvieron a pocos metros de los comuneros del sector. Los miembros de la comunidad les suplicaron que se fueran e insistieron que se llamara a la policía. Repentinamente y sin provocación el líder de los paramilitares apuntó con un bote de gas lacrimógeno y roció a los rostros de las mujeres y hombres a solo un metro de distancia. Luego desenfundó su revólver y comenzó a disparar. Otros miembros de la brigada paramilitar hicieron lo mismo. En total, el personal armado de la compañía hicieron veintenas de disparos.

A pesar del ataque violento no provocado y el revoltijo consiguiente, los miembros de la comunidad no se dispersaron ni se echaron atrás. Sorprendidos y confundidos por la valentía de los comuneros, las fuerzas de la compañía minera se retiraron, se reagruparon, y luego se fueron en las camionetas de la empresa. Una de las mujeres afectadas por el gas fue Marcia Ramírez. Uno de los hombres heridos durante la balacera y el caos fue Israel Pérez.

El ataque del 2 de diciembre de 2006 que patrocinó la compañía fue solo una parte de la amplia campaña llevada a cabo a fin de quebrantar la oposición local, basada en principios, contra la mina a cielo abierto de Copper Mesa. A lo largo de 2005, 2006 y 2007, Polibio Pérez, un representante de la comunidad local, y su familia, recibieron varias amenazas de muerte debido a su papel de líder de la oposición a la minería en Intag - amenazas que según los miembros de la comunidad fueron perpetradas por individuos vinculados a Copper Mesa Mining Corporation. El 31 de julio de 2007, Polibio Pérez fue agredido físicamente por un grupo con vínculos a la compañía minera.

Estas amenazas y ataques son parte de una campaña más amplia de intimidación, acoso y violencia realizada por los aliados de la compañía Copper Mesa de Canadá y a veces aparentemente por agentes de la misma, con el objeto de acallar la amplia y sostenida oposición local a la gigantesca mina de cobre a cielo abierto en la zona de Intag.

Lo que está sucediendo en Intag es ilustrativo de un problema más amplio – la falta de rendición de cuentas corporativas y financieras de la industria minera canadiense. Estos eventos en Ecuador se repiten en numerosos otros países desde la República Democrática del Congo, hasta Perú, las Filipinas e Indonesia, y son indicios del hecho de que bajo las leyes actuales de Canadá, las compañías mineras canadienses no se responsabilizan por los daños que causan en el extranjero.

Sin embargo, frente a probabilidades en contra que eran astronómicas, la Srta. Marica Ramírez, el Sr. Israel Pérez y el Sr. Polibio Pérez al final pudieron encontrar la manera de entablar acciones legales en Canadá a nombre de sus comunidades para defender sus hogares, sus tierras y el ecosistema contra instituciones corporativas y financieras ubicadas a miles de kilómetros de distancia, cuyos agentes y aliados causaban tanta violencia y daño, con impunidad y aparentemente sin rendición de cuentas.

Demanda contra la Bolsa de Valores de Toronto (TSX)

La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) facilita más financiamiento para compañías mineras internacionales – especialmente las compañías mineras en fase de exploración – que cualquier otra bolsa de valores en el mundo. Lo hace ignorando los daños potenciales y reales que puede causar, y a menudo causa, este financiamiento.

En el caso de Intag, la cotización en la bolsa de valores de Copper Mesa (en aquel tiempo bajo el nombre de Ascendant Copper) de parte de la TSX permitió que la compañía obtenga más de $25 millones de dólares de capital – un parte del cual financió a los atacantes que hirieron a Marcia e Israel el 2 de diciembre de 2006. El comité de la TSX había acordado previamente a cotizar a Copper Mesa (Ascendant Copper) en su bolsa de valores a pesar de haber sido advertido específicamente mediante una carta de un alcalde local en Ecuador acerca de la participación de la compañía en un conflicto local, y no obstante una advertencia emitida por la agencia financiera contratada por Ascendant que preparó el prospecto de cotización de Ascendant. Dicho prospecto advertía que existía un “potencial para intensificar más la violencia” si se continuaran las operaciones de exploración de minerales. La TSX pasó por alto estas alertas específicas, cotizó la compañía en su bolsa, y pronto los fondos fluyeron para pagar a los hombres armados y violentos que actuaron ilegalmente en un camino comunitario del bosque nublado de Intag.

Según las leyes canadienses, cualquier persona que emprenda una actividad, incluyendo una corporación como la TSX, deben “tomar precauciones razonables para evitar un comportamiento que pudiera acarrear un riesgo irrazonable de daños a terceros”1. Si alguien no toma estas precauciones, y su conducta produce daños, deberá pagar una indemnización por los daños causados.

Marcia, Israel y Polibio alegan en su demanda que la TSX tenía un deber legal bajo las leyes de Canadá de dejar de proveer ayuda financiera a una compañía como Copper Mesa donde existía un riesgo previsible de que los fondos recaudados en la Bolsa sean utilizados para perjudicar a los individuos en lugares como el Ecuador. En otras palabras, la TSX tenía un deber legal de dejar de proveer acceso a asistencia financiera sin tomar las medidas precautelarías de “diligencia debida” para reducir el riesgo de que los fondos recaudados a través de la Bolsa no sean utilizados para perjudicar a individuos como Marcia, Israel y Polibio. En esta demanda, los Demandantes hacen resaltar a algunos indicadores claros, conocidos por la TSX, que señalaban la existencia de un riesgo real de que dichos daños se pudieran producir.

Actualmente, la TSX no toma medida alguna para ayudar a evitar la posibilidad de que los fondos recaudados en sus bolsas causen daños reales a individuos en el extranjero. La TSX actualmente no tiene ninguna política implementada que evitara que la bolsa cotice a una compañía que tuviera una probabilidad – o aun la certeza – de utilizar los fondos recaudados para instigar violencia y abusos de derechos humanos en comunidades locales en el extranjero.

En el caso de Copper Mesa, la TSX proporcionó un medio para que la corporación tenga acceso a millones de dólares de nuevo capital financiero, con el cual la compañía minera pudo continuar y ampliar su campaña a control remoto, de temor e intimidación, y con el cual pudo contratar y, de hecho, contrató las fuerzas de seguridad violentas que agredieron a Marcia, Israel y Polibio.

Los Demandantes no están sugiriendo que la Bolsa de Valores de Toronto sea responsabilizada por todas y cada una de las acciones de las compañías que la TSX decide cotizar. Sin embargo, los Demandantes afirman que la TSX debe tomar medidas razonables para evitar que las grandes cantidades de capital que se recaudan en la TSX sean utilizadas para causar serios daños a individuos y comunidades en lugares como el Valle de Intag en Ecuador, donde el alto riesgo de dichos daños sea conocido o claro.

Demanda contra los miembros de la junta directiva de Copper Mesa

Por otra parte, la demanda alega que los miembros de la junta directiva de Copper Mesa tienen el deber de evitar una conducta que produzca el riesgo previsible de daños a los individuos y comunidades ubicados dentro de las áreas de exploración de la compañía. Son los directores que tienen el control final sobre una corporación y son responsables bajo la ley por sus propias acciones y omisiones que ocurren durante el desempeño de sus funciones como directores.

En este caso, por lo menos algunos de los directores sabían personalmente acerca del uso perjudicial de fuerzas armadas de seguridad privada en Intag. En particular, se les había mostrado evidencia fotográfica de ataques violentos contra reuniones pacíficas perpetrados por las fuerzas contratadas por la compañía, y los directores fueron advertidos specíficamente acerca del alto riesgo de futuros actos de violencia.

A pesar de este conocimiento, los miembros de la junta de directores de la compañía siguieron operando la compañía de tal manera que se aumentara el riesgo de futuros actos de violencia. Aprobaron financiamiento adicional que fue utilizado para fuerzas de seguridad peligrosas. No tomaron ninguna medida significativa para reducir el riesgo de que en el futuro los agentes de la corporación, hicieran amenazas de daños físicos o utilizaran tácticas violentas. Como resultado de los actos y omisiones de los directores continuaron las amenazas y la violencia.

Los Demandantes no están diciendo que los directores corporativos sean responsables ni obligados personalmente por todos y cada uno de los actos de la corporación. Más bien, afirman que en los casos en que los directores de hecho tienen conocimiento personal de un riesgo real e irrazonable de daños a individuos, o que el riesgo sea fácil de percibir, su deber es no actuar de de una manera que perpetúe o aumente dicho riesgo, y deben tomar pasos para reducir el riesgo.

Demanda contra Copper Mesa Corporation

Uno de los defectos serios de los controles existentes sobre las compañías mineras canadienses que operan en el extranjero es que las compañías pueden repartir sus operaciones entre muchas jurisdicciones legales de tal manera que se eviten las leyes de rendición de cuentas en alguna jurisdicción en particular. Esto puede ocurrir mediante el uso de compañías subsidiarias, y a través de la incorporación en una jurisdicción, el establecimiento de oficinas principales de la compañía en otra, y tener sus operaciones efectivas en otra aun. Por ejemplo, Copper Mesa, a pesar de ser una compañía “junior” en fase de exploración, tiene vínculos en nueve jurisdicciones legales distintas, lo que hace difícil identificar la jurisdicción que sería la idónea para exigir que la corporación rinda cuentas.

En esta demanda, los Demandantes se han enfocado en las decisiones, acciones y omisiones de algunos de los principales tomadores de decisiones de la compañía, es decir, los directores, que han ocurrido en una jurisdicción provincial específica de Canadá (la provincia de Ontario). Al emplear leyes y principios existentes de esta manera enfocada, los Demandantes creen que tanto los directores como la compañía pueden ser responsabilizados, ya que la corporación es responsable legalmente de los agravios causados por las decisiones de sus directores.

Necesidad de reforma legal

Si bien los Demandantes buscan justicia bajo las reglas y principios existentes, también creen firmemente que hay una necesidad crítica de una reforma legislativa de las leyes existentes en Canadá, para hacer que en estas situaciones sea más clara, efectiva y consistente con nuestros valores humanos y ecológicos comunes, la rendición de cuentas de las corporaciones.

KLIPPENSTEINS
Barristers and Solicitors, Toronto, Ontario, Canadá
Abogados de Marcia Ramírez, Israel Pérez y Polibio Pérez

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1 Este principio legal histórico se vuelve a enunciar en 2003 en un caso de la Corte Suprema de Canadá de Odhavji Estate vs. Woodhouse, [2003] 2 S.C.R. 263 en el párrafo 45.

Ver la página de la demanda (información y documentación en inglés): http://www.ramirezversuscoppermesa.com/

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Limón, Ecuador, 12 de febrero de 2009

El 5 de enero de 2009 fui arbitraria, ilegal, ilegítima e injustamente detenido, siendo sometido a trato cruel e inhumano, una verdadera tortura por parte de la policía, violándose mis derechos individuales, humanos y constitucionales. Durante todo el tiempo de mi detención, hasta el 5 de febrero de 2009 en que obtuve mi libertad, han habido innumerables muestras de solidaridad y aprecio, que me obligan a realizar un agradecimiento público a todas las personas, organizaciones e instituciones, nacionales e internacionales que se preocuparon, gestionaron, se solidarizaron y/o realizaron pronunciamientos sobre mi situación.

En primer lugar a mi familia que ni un solo instante han dejado de estar pendientes de mí, de manera especial a mis familiares en el extranjero, quienes desde la distancia han vuelto a darme inolvidables muestras de cariño.

A las organizaciones de Derechos Humanos , nacionales y extranjeras, que se pronunciaron por mi caso como Front Line, Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Amnistía Internacional , Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CEDHAL), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (CEDHU).

A las Delegaciones y Embajadas extranjeras en Ecuador que se han mantenido pendientes por la violaciones de derechos humanos cometidas en mi caso y por mi estado de salud.

A los compañeros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, CNDVS, y en especial la solidaridad fraterna de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza, ACLI, de la Coordinadora Campesina Popular de Morona Santiago , CCP, del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, de la Asamblea Pro-Defensa de Nuestros Ríos, del Comité por la Defensa de la Vida y los Recursos Naturales de Pallatanga, de la Coordinadora Cantonal de Gualaquiza y del Frente Urbano Antiminero, FUA.

A las instituciones y autoridades como la Defensoría del Pueblo de Ecuador y al Defensor Ab. Fernando Gutiérrez, que incluso tuvo la gentileza de visitarme mientras estuve en el Seguro Social en Cuenca. A los Comisionados de las Defensorías del Pueblo de Azuay y Morona Santiago, al Ing. Franklin Mejía, Alcalde de Gualaquiza, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.

A todos los abogados que colaboraron en la exigencia de mis derechos humanos y constitucionales violados sin el menor escrúpulo.

A las diferentes organizaciones como el Movimiento para la Salud de los Pueblos de Latinoamérica, Red Solidaria Ecuador, y demás que se han pronunciado en rechazo a la persecución que se está haciendo una norma en el país, para en la práctica no permitir que ejerzamos nuestro derecho a la resistencia, reconocido en la actual Constitución.

A los medios de comunicación, agencias de prensa y periodistas, nacionales y extranjeros que han informado a la ciudadanía sobre mi caso.

Y a todas aquellas personas, organizaciones e instituciones que no los haya mencionado expresamente, pero para quienes envío mi más profundo agradecimiento.

Y también porque no, a todos mis persecutores, porque me han dado la posibilidad de recibir tantas muestras de cariño y saber que hay tantas personas en el mundo que se preocupan por mí. Lo cual me compromete y me da mucha más fuerza para continuar en esta difícil tarea de buscar que los derechos de los pueblos se hagan efectivos, pues, aunque he recuperado mi libertad, me toca enfrentar procesos penales totalmente absurdos e injustos, por de la persecución de que soy víctima por parte del Estado, el gobierno y las corporaciones mineras transnacionales.

Joel Vicente Zhunio Samaniego,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE CAMPESINOS DE LIMON UNDANZA, ACLI.
MORONA SANTIAGO - ECUADOR

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Al igual que la mayoría de la población ecuatoriana y de colectivos y movimientos sociales, las organizaciones de Derechos Humanos hemos defendido y luchado por la posibilidad de construir "Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades...", anhelo que ha sido plasmado en la Constitución ecuatoriana.

La realización de este sueño, de construcción de una sociedad más justa y equitativa, de un modelo de desarrollo basado en el respeto a la naturaleza y a la dignidad humana requiere también la construcción de una democracia que permita escucharnos entre quienes lo compartimos; una democracia mediante la cual, el ejercicio del poder no sea la imposición y la fuerza, ni el diálogo y la toma de decisiones a puerta cerrada.

Con los mismos argumentos de desarrollo y progreso con que inició la era petrolera, hoy en día, el Gobierno sostiene su decisión de implementar la minería metálica a gran escala. Se pretende que esta actividad extractiva y sus impactos en el ambiente, en el agua, en las poblaciones campesinas e indígenas y en la población en general, sean "el bajo precio" que el país pague por un desarrollo que ya no se dio durante cuatro décadas de explotación petrolera.

Frente a la minería a gran escala, las poblaciones campesinas y ancestrales (indígenas y afroecuatorianas) han asumido la defensa del ambiente y sus derechos, cuestionando la extracción de recursos naturales como forma de desarrollo, poniendo en debate los paradigmas de riqueza y pobreza, el asistencialismo versus la autogestión, el trabajo minero dependiente versus las actividades tradicionales autónomas.

Preocupa que el Gobierno no sólo ignore los argumentos y demandas provenientes de los movimientos sociales sino que criminalice, estigmatice, denigre y reprima a las comunidades y a sus dirigentes.
Ante la violencia y represión vividas en las últimas semanas en la zona sur del país, a partir de las manifestaciones populares que rechazan la propuesta de Ley Minera oficial, las organizaciones firmantes tenemos la obligación de expresar al país, lo siguiente:

1. Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Nacional el cumplimiento de los principios fundamentales que animaron de la nueva Constitución Política del Ecuador y los derechos fundamentales que en ella se consagran. Es obligación del Estado garantizar el carácter integral, indivisible, inalienable, interdependiente y de igual jerarquía de los derechos humanos. Resulta inconcebible que estos se vulneren con el justificativo de la búsqueda de recursos económicos para la inversión social.

2. Exigimos a la Asamblea Nacional abrir el diálogo y la consulta a las comunidades afectadas para elaborar un marco legal, que orientado por la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, regule la minería que se está desarrollando en el país: áridos y metálica artesanal y de pequeña escala. Igualmente, instamos a que el Gobierno propicie un real y profundo debate sobre la minería a gran escala.

3. Finalmente, las organizaciones de Derechos Humanos firmantes ratificamos nuestro compromiso con las aspiraciones de cambio del pueblo ecuatoriano y nos mantenemos alertas ante la posible violación de derechos humanos de las personas que hagan ejercicio de su derecho a la protesta y resistencia.

Firmamos,
Vicente Calderón - ACJ del Ecuador
Elsie Monge - CEDHU
Anaité Vargas - APDH DEL ECUADOR - PIDHDD – CAPITULO Ecuador
Luis Àngel Saavedra - INREDH
Àngel Bonilla - CDES
Gualdemar Jiménez - SERPAJ

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El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama presentes en la solidaridad con las y los compañeros perseguidos, encarcelados, enjuiciados de los distintos puntos de resistencia, ha emprendido una serie de acciones de rechazo a la criminalización de la resistencia contra las transnacionales mineras, y de apoyo a quienes están sufriendo el embate de la represión de un gobierno dispuesto a implantar a sangre y fuego la minería a gran escala en el país.

El lunes 12 de enero, a 8 días de la injusta detención de varios miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, y mientras se realizaba el segundo y definitivo debate con el que el Congresillo cumplió la orden de Correa de aprobar el proyecto de ley de minería, varias Defensoras de la Pachamama se encadenaron a la Glorieta del Parque Calderón en Cuenca, para rechazar la persecución y la imposición de una ley que favorece a las transnacionales mineras en detrimento de los derechos e intereses de las comunidades. En un acto simbólico las Defensoras se encadenaron y taparon sus bocas. "Es así como el gobierno nos quiere tener. Que no digamos nada. Que no hagamos nada. Mientras entrega a nuestro Ecuador a las transnacionales mineras", explicaban las compañeras a los transeúntes que se acercaban a preguntarles que significado tenía su protesta.

Continuando con estas acciones de solidaridad, una comitiva de Defensoras de la Pachamama de Victoria del Portete, Cuenca y Morona Santiago, se trasladaron a Molleturo para realizar allí un acto de apoyo a este pueblo hermano que hoy es blanco de los ataques más rabiosos por parte del gobierno prominero de Correa. Acompañadas de otros compañeros y de pequeños artistas llegaron para llevar sus palabras de aliento en especial a sus compañeras Defensoras de Molleturo.

El programa de solidaridad inició con las palabras de la compañera Elsa Urgilés en representación de las Defensoras de la Pachamama de Molleturo, quien dio la bienvenida a la comitiva y llamó a continuar la resistencia a pesar de los momentos difíciles que se está pasando.

La compañera Rocío Pérez a nombre de las organizadoras del evento expresó el motivo del programa, es decir, la solidaridad con los perseguidas/os, encarceladas/os y enjuiciadas/os, y con sus familias que están sufriendo emocional, anímica y hasta económicamente por la situación de nuestras compañeras y compañeros. Rechazó la persecución a la compañera Georgina Gutama miembro del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quien según se conoce tiene una orden de captura, cosa totalmente injusta contra una comunera de 60 años de edad que lo único que ha hecho es defender a su Molleturo. También rechazó los injustos juicios implantados contra las compañeras Yolanda Gutama, Etelvina Misacango, y Virginia Chuñir, miembros de las Defensoras de la Pachamama, y de igual manera la solidaridad con las compañeras Blanca Pacho Villa y Luz Gutama, cuyos esposos siguen detenidos en la cárcel de varones de Cuenca. Rechazó el injusto encarcelamiento del compañero Vicente Zhunio quien luego de haber sido herido en la cabeza fue sometido a trato inhumano y cruel por parte de la policía, siendo desaparecido e incomunicado, y que está siendo indignantemente acusado por la Fiscalía de Méndez y por el Gobernador de Morona Santiago Marcelo Valencia.

Luego de estas palabras introductorias al acto, fue el turno para la música. Luis Alberto, desde San José de Raranga vino para entregar sus canciones a este pueblos hermano. Un consuelo frente a las dificultades fueron las melodías interpretadas por este niño que en su mensaje final dijo: "CON EL CORAZON LIMPIO Y LA FRENTE LIMPIA SEGUIREMOS LUCHANDO".

La compañera Isaura Arévalo a nombre de las Defensoras de la Pachamama de Victoria del Portete expresó su solidaridad y recalcó la justeza de la lucha que vienen haciendo las comunidades por un ambiente sano para la actual y las futuras generaciones.

Teresa Zhunio por su parte denunció el injusto, ilegal e ilegítimo
encarcelamiento de su hermano Vicente, quien podría ser trasladado a la cárcel de Macas el día de mañana. Ella también ha sido llamada a rendir declaraciones en la Fiscalía de Méndez al igual que cerca de 20 compañeras y compañeros de la Coordinadora Campesina Popular de Morona Santiago y de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza.

Nidia Soliz, a nombre del Frente de la Salud de los Pueblos y del Cabildo por las Mujeres de Cuenca, hizo llegar su solidaridad y preocupación por la criminalización de las justas luchas populares.

Fue el turno para el grupo LOS INOCENTES que vinieron desde Gualaquiza, quienes iniciaron con una canción dedicada a los compañeros encarcelados. Su madre, mujer shuar que defiende su selva, se ha inspirado en esta lucha para escribir varias letras que son interpretadas por sus 3 hijos. Para los compañeros que aún están encarcelados, en especial para Vicente Zhunio de Morona Santiago, los niños cantaron:

*Somos los tres hermanitos*

*que venimos a cantar*

*con honor y con orgullo*

*de defender a mi Patria.*

* *

*Encarcelados los tienen*

*a mis pobres compañeros*

*tenemos que liberarlos*

*aunque nos cueste la vida.*

* *

*El pueblo pide justicia*

*a esos pobres gobernantes*

*que no saben lo que hacen*

*con la gente que protesta.*

* *

*A mis valientes hermanos*

*que hoy están detenidos*

*les haremos una historia*

*como héroes de la vida.*

Otras compañeras y compañeros de distintas comunidades de Molleturo y de los visitantes, realizaron sendas intervenciones donde sobre todo se enfatizaba en que la lucha continuará a pesar de la persecución, a pesar de la represión, a pesar de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen contra las y los defensores de la vida.

Y no podía faltar la voz de la mujer molleturense, en esta ocasión fue una compañera de la comunidad de Arquillo quien compartió una canción muy tradicional del pentagrama nacional con una letra adecuada a la lucha contra las mineras que iniciaba diciendo:

*Feliz he de sentirme*

*El día en que se vayan*

*Todas las minerías*

*De nuestro Molleturo*

También hubo un remate de platos típicos. Las Defensoras de Victoria del Portete hicieron la contribución de un cuy con papas (comida tradicional de la sierra) y un pollo asado con choclos y habas, los que fueron rematados y el dinero recaudado se entregó a las compañeras de Molleturo para pequeños gastos que demanda el apoyo a quienes están perseguidos, encarcelados y enjuiciados.

Momentos de emotividad se vivieron y no faltaron las lágrimas, "pero no de cobardía", como dijo la compañera Teresa Zhunio, sino de rabia por todas las injusticias que se están cometiendo. Pero lo importante es que también el pueblo consuela y encuentra consuelo en sus hermanas y hermanos de lucha y esto crea un lazo aún más fuerte entre quienes resisten en diferentes puntos del país, de la costa, sierra y oriente, que los hermana sintiendo que no están solos.

¡LIBERTAD PARA LOS ENCARCELADOS!

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE LA VIDA!

¡ABAJO LOS INJUSTO ENJUICIAMIENTOS!

¡VIVA LA RESISTENCIA CONTRA LAS TRANSNACIONALES MINERAS!

*COMISION DE COMUNICACIÓN DEL*

*FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA*

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1.- Nos oponemos, porque la minería transnacional en un país dominado
significa: saqueo de materias primas y explotación de mano de obra barata, a la vez que condiciona a la dependencia y a la pobreza a los mayoría de seres humanos de dichas naciones. Para el capitalismo, el control de los recursos naturales como recursos estratégicos es vital para sostener el sistema productivo que ha creado. Es un sistema basado en la ganancia particular y no en la necesidad de la colectividad, lo que provoca una feroz competencia de los grupos de poder, y una presión mayor de explotación de la naturaleza, por eso las transnacionales mineras y petroleras llegan a nuestras comunidades llenas de ambición para llevarse nuestros recursos. Las corporaciones mineras llegan con el cuento que las inversiones y los
proyectos mineros darán un despegue económico a las comunidades locales, pero ese cuento ya lo tren desde hace siglos, y tales "inversiones" en vez de traer la anunciada bonanza, lo único que han dejado es colonialismo y miseria, también contaminación y desastres ambientales irreversibles. Las corporaciones mineras son parte de la cadena de saqueo y explotación internacional, y culpables del atraso económico, social, cultural de nuestros pueblos.

La "minería sustentable" es el más asqueroso engaño, un protervo invento de las corporaciones imperialistas por tratar de tapar la gravísima crisis ecológica cuyos responsables son ellos y su sistema productivo capitalista-imperialista. La industria minera imperialista nunca responde a las necesidades básicas de los pueblos, su lógica es la ganancia y los intereses particulares, sus proyectos y su tecnologías responden a la anarquía del mercado capitalista, al irracional consumismo, su punto es como producir más ganancias, aunque su realización tenga que matar a los ecosistemas y a las propia comunidades locales, a ellos nos les interesas salvar a la gente peor a la naturaleza. Por eso, en los países dominados
como el nuestro, donde las corporaciones, como las mineras, han clavado su diente, la miseria y la pobreza es el destino inevitable. Si bien los países llamados del "tercer mundo" poseen tanta riqueza mineral, y en algunos casos se explotan ya por siglos, por ejemplo Bolivia, donde desde la época colonial ha sido convertido en cantera minera, esto solo ha significado mayor pobreza, digamos extrema pobreza y dependencia. Chile, con medio siglo producir y exportar cobre (máximo productor de cobre mundial) sigue siendo un país del tercer mundo. De Perú ni hablar, es un país gobernado por la agenda de las corporaciones mineras, las cuales, han colocado gobiernos títeres, como los genocidas Fujimori y García que han sido perros guardianes de las transnacionales, sin embargo, el pueblo peruano, con sus minas de oro, plata, cobre, etc., tienen que vivir marcado por la corrupción, contaminación y miseria . En África, donde miles de seres humanos mueren de hambre, y donde, el principal interés del dominio geopolítico de los países imperialista ha sido, procurar esquilmar al máximo la riqueza mineral de esos pueblos, los resultados están a la vista: guerras fraticidas, contaminación, invasión y muerte para los millones de pobres del continente africano, en cambio, dominación, riqueza, abundancia para una minoría
malvada de burgueses y países ricos.

2.- Nos oponemos, porque el querer convertir al Ecuador en país minero es someternos una vez más a la política extractivista de materias primas para la exportación, la cual responde a las demandas del mercado y a lo lógica de mayor acumulación del capital internacional y de profundización de la dependencia y control social y político, a la vez que los estados imperialistas se aseguran una nueva garantía para el pago de la deuda externa. La experiencia de la actividad petrolera muestra con creces el brutal saqueo y las consecuencias socio-ambientales que los hermanos nororientales tienen que sufrir, mientras que las transnacionales petroleras se llevan alrededor del 80% de las ganancias en este negocio que para ellos es redondo. Depender de uno o unos cuantos productos de exportación dentro de la lógica capitalista mundial significa ponernos la soga al cuello, y enterrar las posibilidades de un desarrollo sostenido, con una producción diversificada y un avance tecnológico de acuerdo a las propias necesidades sociales y ambientales que cubran las demandas de las mayorías populares. La
historia del monocultivo de exportación como el café, cacao, banano es otro ejemplo de imposición imperialista donde los beneficiarios han sido los ricachos nacionales y extranjeros, el camino extractivista de la minería es otro negocio millonario en que ya sueñan los explotadores, para colmo apoyados por los organismo de desarrollo internacional como el FMI, el BID y Banco Mundial cuya finalidad dizque es luchar contra la pobreza.

3.- Nos oponemos, porque el sistema político y jurídico actual esta hecho a la medida de las transnacionales y sus socios nacionales, y de ninguna manera son garantía para precautelar los derechos y la soberanía del pueblo ecuatoriano. Con la "nueva" carta constitucional se cumplió un viejo truco de los explotadores –muy usado en nuestros países-, donde, cada vez que su sistema político entra en una grave crisis de representabilidad, inmediatamente recurren a la medicina salvadora de llamar a una "asamblea constituyente" y hacer nueva constitución, con esto fabrican una nueva máscara y le dan "salida" a esa crisis política y jurídica, *lo que hacen es reestructurar el Estado burgués para continuar con la dominación*. Esta nueva máscara ha llegado bajo el nombre de "revolución ciudadana". Con este
truco de la "nueva" constitución, se han creado también, las típicas ilusiones reformistas que los explotadores están llamando "grandes avances", con lo que han complacido autollamados "izquierdazos", estos "grandes avances" incluye el "ecologismo infantil" concretado en una serie de artículos de ley que les tienen a orinar de alegría a las ongs que viven del negocio de la "lucha ambiental" y de la "lucha por los DDHH".

Pero, ¿cual es la cruda verdad? Resulta, que este nuevo marco jurídico, que incluyen los "grandes avances" está abriendo las puertas de par en par para dar la bienvenida al imperialismo minero, justo lo que necesitaban las transnacionales, como complemento la nueva ley minera será la puñalada final que legalizará la invasión y el saqueo en perjuicio del pueblo ecuatoriano. El Estado ha dado todas las ventajas a los grupos de poder extranjero y nacional para conseguir millonarias ganancias en base a nuestros recursos naturales, ha entregado a las corporaciones mineras miles de hectáreas en concesión y casi gratis (1 dólar por hectárea) para
operaciones mineras, incluso en algunas provincias como Zamora se ha
concesionado la totalidad de su extensión física, el nuevo marco jurídico garantiza el negocio de las transnacionales mineras. Incluso, todo fue diseñado, para no afectar en nada los intereses de las mineras, la mismas leyes que se pretenden aprobar, están imposibilitadas de intervenir en las ya otorgadas concesiones, la ley no puede ser aplicada retroactivamente, por eso las transnacionales como Iamgold, Corriente Resources-Ecsa, IMC, Kinroos-Aurelian están en su fiesta, apoyan dedicadamente el nuevo proyecto de ley minera y apuntalan decididamente al gobierno vendepatria de Correa, pues sus títulos mineros están plenamente vigentes.

Las Fuerzas Armadas, parte esencial del Estado, han estado muy comprometidas en actividades mineras en contubernio con las transnacionales, como Goldmarca, TVX; con razón se han constituido en guardianas celosas de los intereses mineros transnacionales, y a vez entendemos la brutal represión que provocaron contra los pueblos de Gualaquiza y Pangui diciembre del 2006.

4.- Nos oponemos, porque el marco institucional que evaluará y controlará la actividad minera será otro tongo burocrático permeable y al servicio de las transnacionales y ricachos locales, de hecho el estado y sus instituciones de control ni siquiera han podido aplicar el llamado Mandato Minero. Lo que se hará es crear nueva burocracia para servir a la mineras, y los llamados controles o mecanismos de control ambiental serán puro parapeto tecnocrático y el caldo de cultivo para la corrupción. El ministerio de Minas y Petróleos y el de El Ambiente, serán caras de una misma moneda, actuaran en protección de los intereses de los poder del negocio minero internacional y en contra del pueblo como ya lo han venido haciendo todo un siempre. El "gran avance" es que los estudios de impacto ambiental estarán a cargo del ministerio de El Ambiente, vociferan chifladamente los "comisionados" del congresillo que están imponiendo la nueva ley minera, ¿acaso las mineras se oponen a eso?, ¡claro que no!, como tampoco se oponen a que haya que "sacar permisos" de la secretaria del Agua, peor aun, cuando las transnacionales vendepatrias saben que en dichos organismos estarán las mismas sabandijas que actuarán como sus recaderos, por ejemplo, el
actual director de la Secretaría del Agua es el mismo Jorge Jurado, que fue Subsecretario del Minas, un conocido personaje que con su "fundación ecológica" participó activamente del proyecto imperialistas Minerales, Minería y Desarrollo Sustentable MMDS, cuyo financiamiento vino de la corporaciones mineras, entre ellas la Newmont, este proyecto fue para posesionar la llamada "minería sustentable".

5.- Nos oponemos, porque la decisión sobre los proyectos son tomadas por los interesados del negocio minero, la misma constitución que se acaba de aprobar niega tajantemente la participación del pueblo en las decisiones, el Art. 398 sólo da "derecho" de "información" y "consulta" sobre tal o cual proyecto, la decisión de oposición del pueblo no es vinculante, el pueblo es considerado como un "tonto" al que hay que informarle y aunque se oponga no hay que hacerle caso, solo se hará un "consulta" como quien se dice para que no jodan, quien decidirá será la ley minera y el ministerio de Minas y
Petróleos, y como el Estado Burgués ecuatoriano, sus ministerios y su ley están sometidos al imperialismo, en última instancia, quien verdaderamente decide, son las transnacionales mineras, esto pasó y está pasando en Ecuador.

El estado y el gobierno de turno gastan millones en manipular las
conciencias y dar informaciones falsas sobre el supuesto desarrollo que dejaría la industria minera. Pese a la envergadura de los proyectos y sus impactos, el Estado no ha gastado ni una sola hoja volante para informar al pueblo el verdadero significado de estos proyectos, ¿por qué el ministerio del Ambiente, el de Salud o cualquier otro, no han dicho nada sobre las graves consecuencias sociales y ambientales que provoca la minería a gran
escala?, porque tanta farsa. Mas bien, la actitud sesgada del gobierno, ha hecho que el ciudadano Correa sea el promotor número uno de lo megaproyectos mineros, esta política servil a favorecido y se ha encadenado a la millonaria campaña que hacen las transnacionales mineras para comprar conciencias y ganarse una opinión favorable a sus proyectos. Es un circulo vicioso entre el imperialismo y un Estado dominado a su servicio: *crear pobreza y aprovecharse de ella *a través de míseros regalos y discursos de "apoyo al desarrollo" para permitir el visto bueno a los proyectos.

6.- Nos oponemos, porque consideramos: que este tipo de actividad, no
es sustentable al explotar recursos naturales no renovables. Como una de las actividades industriales más contaminantes a la integridad de los ecosistemas. Pone en peligro la disponibilidad y la calidad del agua. Contamina el aire y la tierra.

Como una actividad de enorme conflictividad y violencia social que ha
llevado incluso a guerras y horrorosos crímenes en muchos países del mundo. Esta realidad se ha confirmado en nuestro propio país, en donde, las empresas transnacionales han sido las causantes de crear un clima de alta violencia social en todos los lugares donde se llevan adelante los proyectos. Muchos dirigentes y personas que se oponen a la actividad de estas empresas están siendo perseguidos y acosados judicial y extrajudicialmente, la resistencia de las comunidades y organizaciones populares es criminalizada con afán de deslegitimar su verdadero carácter y objetivos.

Por eso, las compañías que desarrollan la minería a gran escala, se han constituido en una grave amenaza a los Derechos Fundamentales que han adquirido las personas y comunidades y que están reconocidos en los mismos sistemas jurídicos. Algunos de estos Derechos tienen que ver con el respeto a la integridad física, al derecho de calidad de vida, a la salud y la alimentación sana, al derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación; el derecho a tomar decisiones (en el nuestro ya no hay), el respeto de acuerdos y convenios internacionales sobre los pueblos originarios y campesinos, el respeto al derecho de la cultura, el derecho a no ser desalojados, el derecho de precaución ante peligro inminente. Todos estos derechos humanos han sido violados sistemáticamente por las empresas mineras en su ambición de enriquecimiento.

Ante toda esta injusticia, el pueblo conciente, las organizaciones y
comunidades afectadas por los megaproyectos han levantado una lucha
consecuente para parar estos proyectos de muerte y resistir por la vida, la dignidad y la soberanía.

*¡POR UNA LINEA DE CLASE EN EL CAMPO,*

*UNIDAD Y LUCHA CAMPESINA!*

* *

*¡LUCHAR CONTRA EL OPORTUNISMO Y LA POLITIQUERIA!*

* *

*¡FUERA MINERAS TRANSNACIONALES!*

* *

*¡ABAJO EL GOBIERNO VENDEPATRIA!*

*COORDINADORA CAMPESINA POPULAR CCP*

*DE MORONA SANTIAGO*

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Quito 18 de diciembre del 2008

Las organizaciones de la zona de Intag, Imbabura y del Noroccidente de Pichincha que vienen por más de una década resistiendo a los proyecto mineros a gran escala, manifiestan a la ciudadanía

* El rechazo absoluto al proceso de aprobación de la ley de minería por parte del congresillo y el Gobierno Nacional que se lleva contra viento y marea, de manera inconsulta, de espaldas al pueblo, aprovechándose mañosamente del feriado de navidad y violando la constitución.

* Este proyecto de ley que abre impunemente las puertas del país al saqueo de las mineras transnacionales, atenta contra los derechos consagrados en la constitución.

* El inusitado e inexplicable apuro del Gobierno de Rafael Correa por
aprobar esta ley, deja muchas dudas y cuestionamientos. La rápida aprobación de esta ley hará subir las acciones de empresas que como Dinasty Metals, cuenta entre sus accionistas y directores al ex ministro de producción del régimen, Mauricio Dávalos. Esta podría ser una de las explicaciones a tan acelerado y atropellado proceso de aprobación de una ley que ha motivado el rechazo de un amplio sector de la población.

* Si esta ley se aprueba entre el feriado de navidad y año nuevo, se
estarían reeditando las prácticas neoliberales de Gustavo Noboa como la aprobación de las leyes Trole o la ley topo de Lucio Gutiérrez, las mismas que motivaron el rechazo del pueblo y hasta la caída del dictócrata.

Ante esta triste realidad, exigimos:

1. Que se postergue la aprobación de la ley de minería enviada por el
Gobierno al Congresillo.

1. Que se trate de manera urgente una ley que regule la minería pequeña, artesanal y de subsistencia, los materiales de construcción y dé paso a la re nacionalización de las cementeras Selva Alegre y la Cemento Nacional, rematadas por Dahík durante la larga noche neoliberal

1. Que se abra un amplio debate nacional sobre la conveniencia o no de la minería a gran escala, dentro del proceso constitucional de participación ciudadana, y que cuente con la participación democrática de todas las comunidades y pueblos del Ecuador.

1. Que la Asamblea Legislativa a elegirse democráticamente el 26 de abril del 2009, sea quien trate las leyes secundarias que rijan la utilización sustentable de los recursos naturales ­ bienes comunes de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.

Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil y al país en general, a unirse a las jornadas de rechazo a esta ley vende patria que se llevarán a cabo el lunes 22 de diciembre en las afueras del congresillo.

No permitiremos que la irresponsabilidad de una nueva oligarquía ponga en riesgo la supervivencia de los pueblos y comunidades y que atente contra el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas al agua y la soberanía alimentaria.

Atentamente

Cordinadora Zonal de Intag
Cordinadora de defensa del Noroccidente de Pichincha ­ CODECONO
Defensa y Conservación Ecológica de Intag - DECOIN
Consejo de Comunidades Ecologistas de Intag
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
Asamblea Nacional Ambiental
Consorcio de organizaciones sociales y productivas TOISAN

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Sres.
ECUACORRIENTE SA.
EXPLORCOBRES SA.
AURELIAN SA.
LOWELL MINERAL EXPLORATION S.A

En su lugar de trabajo.

De mis consideraciones:

Hace exactamente 160 días, en mi calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM, en representación de 5 asociaciones y 45 comunidades conformado por diez mil habitantes asentados en la cordillera del cóndor y las cuencas del río Santiago y Zamora, me permití remitir una comunicación pública nacional e internacional a raíz de una insinuación que hiciere el señor DON CLARKE, un supuesto indígena canadiense, relacionador comunitario de la EXSA quien pretendiere convencer con dádivas y falsas ofertas baratas a los socos ingenuos de las comunidades NANKINTS, KUTUKUS, TSUNTSUIM, WAAPIS, comunidades shuar de nuestra jurisdicción entre otras, solicitando una autorización de ingreso a los territorios que constituye el Patrimonio de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH denigrando los derechos que nos asiste como pueblos y nacionalidades originarias asentados en los territorios de posesión ancestral milenaria.

En la referida carta mencioné con absoluta claridad que el PUEBLO SHUAR ARUTAM no abrirá las puertas para el ingreso a las empresas mineras transnacionales, sea cual fuera las consecuencias, los Shuar de los 45 centros del CGSHA y los 455 centros que conforman la Federación Interprovincial de Centros Shuar, levantará su voz de protesta y medidas necesarias por la defensa de los derechos territoriales, la cultura, conocimiento, identidad, vida, salud e integridad social.

El 18 de abril del 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, expidió El Mandato Constituyente No. 6, una Ley suprema nacional en este momento histórico de reconstitución del Estado ecuatoriano, y de obligatorio cumplimiento como contempla el Mandato Constituyente N° 1 en su Art. 2, inciso segundo; y cumple efectivamente las demandas e intereses de los ecuatorianos que serían afectados directamente, como consta en el cuarto considerando del documento en referencia.

Es importante resaltar el Art. 1 del presente mandato, donde su texto dice: “Se declara la extinción… todas las concesiones mineras que en la fase de exploración… no hayan realizado los procesos de consulta previa…” En la Cordillera del Cóndor no existió ninguna consulta previa a las familias Shuar, campesinos, organizaciones, líderes ni dirigentes, por lo tanto en cumplimiento de este mandato, se declara sin efecto las concesiones a la empresa minera Ecuacorriente S.A, y su proyecto Pananza – San Carlos; aurelian y Lowell Mineral Exploration de su proyecto en Warintza.

La Disposición final tercera hace referencia a los artículos 8 y 9 sobre la vigencia de 180 días, tiempo desde el cual debe expedirse un nuevo marco legal correspondiente. Sin embargo, el haber ingresado a los trabajadores en los sectores San Carlos y Pananza, antes de los plazos estipulados, es un acto inconstitucional, de violación de leyes del Ecuador.

El Pueblo Shuar Arutam, así como la FICSH no permitiremos la destrucción del ecosistema de la Amazonía, de sus riquezas naturales, la biodiversidad y la criminalización social a través de la imposición del dominio, dependencia, discriminación y una fatal destrucción cultural y ambiental que generará la supuesta “minería socialmente responsable, de “EXSA” porque sabemos exactamente que todo este proceso obedece a los intereses del imperialismo mundial con tendencia a genocidio y etnocidio de los pueblos y nacionalidades en Latinoamérica y el mundo.

Por lo expuesto, señores ECUACORRIENTES S.A y EXPLORCOBRE S.A, AURELIAN, LOWELL MINERAL EXPLORATION S.A y todos quienes se consideran sus aliados y trabajadores, reitero que no están autorizados ingresar en nuestras propiedades de derecho ancestral, y si alguien logró entrar en este territorio, retírelos en el plazo de 48 horas. El incumplimiento de esta disposición acareará serie de controversias y enfrentamientos de los cuales será muy lamentable la solución pacífica.

Por su comprensión al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,
Raúl Petsain
PRESIDENTE PUEBLO SHUAR ARUTAM.

cc: Federación Interprovincial de Centros Shuar – FICSH, CONFENIAE, CONAIE, Gobiernos seccionales de la provincia y el país.

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales

cc. al Ministerio de gobierno

Sr. Franklin Kuja Sr. Luis Tsenkush
EJECUTIVO DE SALUD COMITÉ DE CONTROL

Sr. Francisco Unkuch Sr. Miguel Tsuink
EJECUTIVO DEL BUEN EJECUTIVO AGROPECUARIO
USO DE RECURSOS DEL BOSQUE

Sr. Marco Chamik Sr. Agustín Marian
PRESIDENTE ASOC. NUNKUI PRESIDENTE ASOC. SANTIAGO

Sr. Carlo Chup Sr. Damian Chumpi
PRESIDENTE ASOKANUS PRESIDENTE AMESHA

Lic. Galo Kuja Srta. Josefina Tunki
COMISION DE GESTION EXTERNA EJECUTIVA DE SALUD

Sr. Jose Naikiat Sr. Angel Wisum
PRESIDENETE ASOC. SINIP SOCIO

Sr. Emilio Utitiaj
EJECUTIVO DE TIERRAS

Comunicado previo
ALERTA URGENTE: ECSA ENVIA GRUPO DE CHOQUE CONTRA COMUNIDADES EN MORONA SANTIAGO

Frente a la decisión soberana de las comunidades, asociaciones Shuar y organizaciones populares reunidas el 28 de agosto en Gualaquiza, de dar un plazo hasta el 10 de septiembre para que las empresas transnacionales se retiren de las zonas en conflicto, la respuesta de ECSA-Ecuacorriente-Explocobres-CORRIENTE RESOURCES, ha sido enviar una fuerza de choque de alrededor de 80 contratados para ingresar en San Carlos, parroquia del cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, de donde fue desalojado el campamento de esta minera canadiense en noviembre del 2006.

El grupo ingresó en días pasados en un claro acto de provocación hacia las comunidades campesinas y Shuar, supuestamente para "sacar unas muestras" de este antiguo campamento. Según lo han denunciado campesinos de la zona de Pananza y pobladores del centro Shuar de Namkins, la mayoría de estos infiltrados son exmilitares, Shuar que vienen de la parte norte de la provincia.

El día de hoy se ha informado que miembros de este grupo contratado por ECSA han amenazado a los habitantes de la zona y han manifestado que para impedirles el paso están minando las vías públicas y puentes.

También se conoce que desde Macas se han movilizado efectivos de la policía. El jefe a cargo de los policías ha dicho a miembros de la comunidad de Pananza que "la empresa solo quiere sacar las muestras". Pero, ¿cómo así después de casi 2 años de que fueron desalojados se acordaron de las muestras? ¿Cómo así justo ahora que hay una suspensión de 180 días a las actividades mineras contratan un grupo tan grande personas para "ir por las muestras"?

De última hora se ha informado que ECSA está movilizando más gente hacia San Juan Bosco. Un carro con alrededor de unas 50 personas habrían salido desde Macas para llegar a la madrugada al sector de Pananza donde la comunidad se encuentra en alerta.

Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional esta provocación y franco desafío que hace la empresa minera canadiense ECSA-Ecuacorriente-Explocobres-CORRIENTE RESOURCES, frente a la demanda de las comunidades de que abandone definitivamente sus territorios, más todavía cuando esta empresa tiene un negro historial de agresiones, como fue el caso suscitado en Santiago Patti, cantón El Pangui, provincia de Zamora, donde en noviembre del 2006, un grupo armado a favor de la minera, atacó a la población del Pangui, agresión criminal que fue denunciada en la Fiscalía de Yantzaza sin que hasta la presente fecha haya habido sanción para los agresores. Luego la agresión que trabajadores de la minera apoyados por los militares del Gualaquiza infringieron a mujeres, hombres y niños, en El Quimi y Tundayme en diciembre del 2006. También está el caso de la agresión a Carlos Belezaca, campesino de la zona de El Guismi, cantón El Pangui, suscitado el 24 de octubre de 2007, quien en su denuncia presentada en la misma Fiscalía de Yantzaza, expone como fue baliado y macheteado a sangre fría por trabajadores de ECSA-Ecuacorriente. Esto evidencia que detrás de la sínica fachada que trata de mostrar la millonaria publicidad de estos invasores, de su tan cacareado "Trato Justo", de "responsabilidad social", y más engañosos slogans, el verdadero rostro de CORRIENTE RESOURCES, es la violencia, violación de derechos humanos, amenazas e irrespeto a las comunidades.

Ahora entendemos el por qué de los ataques furibundos contra los compañeros dirigentes de la Coordinadora Nacional y el Alcalde de Gualaquiza, luego de la Asamblea del 28 de agosto, tratando al pueblo digno que lucha en defensa de la vida como "turba enardecida", "salvajes", "terroristas", es que ya estaban maquinando una nueva agresión contra el pueblo de Morona Santiago, pretendiendo rebajar a los luchador@s a su nivel, pretendiendo mostrar a los defensor@s como agresor@s, cuando es esta empresa la que genera los conflictos y sume en la inseguridad a las comunidades.

Denunciamos también a este gobierno cómplice de las mineras, que ha sido incapaz de hacer siquiera cumplir ese Mandato Minero según el cual existe una suspensión de 180 días, y en aplicación del cual las concesiones de Corriente deberían estar extinguidas porque nunca fueron consultadas a las comunidades, cosa que lo hemos venido reclamando desde hace años. Por ello responsabilizamos al gobierno de lo que pueda ocurrir y exigimos, que en forma inmediata, el Ministro de Minas y Petróleos ordene el retiro de este grupo contratado por CORRIENTE RESOURCES, y haga efectivo el Mandato Minero en lo referente a la suspensión de las actividades y la extinción de las concesiones.

¡POR UN ECUADOR LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA!

EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA

COORDINADORA NACIONAL POR LA DEFENSA

DE LA VIDA Y LA SOBERANÍA - CNDVS

coornvidasoberania@gmail.com

www.nomineria.tk

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