El Otro Rostro de la Mineria
La industria minera presenta la actividad como "sustentable" y ambientalmente amigable. Pero esta actividad extractiva es una de las más destructivas y amenazantes de las comunidades locales en los países del Sur. Encuentre aquí las pruebas.

Mayo 13, 2008 | Por: Alberto Acosta

http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/alberto_acosta/

Las reacciones en apoyo y crítica al mandato minero,
aprobado por la Asamblea Constituyente el día 18 de
abril, con 95 votos a favor, 1 en contra y 25
abstenciones, no deberían sorprender a nadie.

Debemos reconocer que no es un tema fácil. Por una
parte los actores que se sienten afectados por este
mandato: las empresas transnacionales mineras, los
empresarios nacionales y algunos trabajadores o
quienes creen que podrían convertirse en tales, temen
por el futuro de la minería en el país. Por otra
parte, algunas comunidades directamente amenazadas por
esta actividad y las organizaciones de ecologistas que
critican o mantienen reservas con el mandato, demandan
una posición de abandono total de las actividades
mineras.

Lo interesante es que en este marco de críticas,
opiniones y posiciones, todos acuden al argumento del
interés de la mayoría de la población. Sin embargo,
la mayoría de la población es un actor ausente, o si
acaso solamente influenciada, no por argumentos, sino
por calificativos.

El Mandato Minero más allá de haber puesto un freno
real al ³feriado minero², ha abierto un tiempo para
traducir los adjetivos en argumentos; las promesas, en
datos reales. Es la oportunidad para sembrar con esta
información, lo que pueden ser las decisiones
fundamentales para el país que estamos construyendo.

Tenemos la oportunidad y la obligación de utilizar
bien este tiempo. Necesitamos, por ejemplo, saber qué
pasa realmente con la actividad minera existente en el
país. Conocer las reservas probadas, probables y
posibles -que no son lo mismo-, pero que se manejan
como sinónimos. Manejar información calificada -que no
es lo mismo que interesada- sobre la probabilidad de
ocurrencia de esas cantidades estimadas de minerales;
los impactos ambientales probables y la valoración de
aquellas riquezas y servicios que se pueden perder.
Saber que se produjo una ³hemorragia² de concesiones
mineras (de las más de 5 mil entregadas, apenas un 7%
estaban en fase exploración y explotación, el resto
prácticamente era especulación); que los
concesionarios no tenían que presentar planes de
exploración, ni explotación; que los estudios de
impacto ambiental, si los había, eran menos que
mediocres; que la consulta previa fue una verdadera
tomadura de pelo a las comunidades, a las que muchas
empresas mineras dividieron y en varios casos
agredieron; que el Estado no recibía regalías (que se
pagaba un dólar por hectárea al año como derechos
superficiarios al inicio, para llegar apenas a diez y
seis dólares por hectárea al año en la fase de
explotación).

Con este Mandato, lo que se pretende es analizar los
costos y la factibilidad de las acciones que se
proponen para superar tantas aberraciones. Sin
embargo, estos y otros temas aún no están en los
espacios de diálogo y reflexión.

Necesitamos desarrollar el marco legal y la
institucionalidad del Estado capaz de intervenir y
controlar las actividades mineras, que existen en el
país desde hace muchos años, pues incluyen minería de
áridos (los materiales de construcción), minería
artesanal o de subsistencia, entre otros.

Noruega, para citar un caso concreto, ha sido
reconocida por su modelo de explotación y uso de la
renta petrolera y minera. Pero, ¿cuáles son las
características de Noruega? Ese es un Estado social,
democrático, con una fuerte tradición política
equitativa. Es un Estado desarrollado, con una
competente compañía estatal con tecnología. Poseen un
marco legal con controles ambientales rigurosos, con
reglas estrictas en lo referente al manejo y destino
de la renta. Y seguramente Noruega no tiene una
biodiversidad tan rica como la que posee el Ecuador?

El mandato minero justamente propuso la creación de
una Empresa Minera del Estado, porque ésta era una
pieza central para regularizar e intervenir en aquella
actividad minera que decidamos mantener. Una empresa
nacional bien manejada, puede invertir en tecnología,
establecer otras reglas, independizarse de las
transnacionales, contribuir con tecnología y
financiamiento a los pequeños mineros artesanales,
para que estos superen definitivamente sus prácticas
depredadoras.

Las minas en producción han sido excluidas del Mandato
justamente para no crear incertidumbre, ni desempleo
de los trabajadores. Así mismo, ha sido excluida la
minería de pequeña escala y artesanal, no porque no
haya problemas allí, al contrario, hay muchos que
deberemos resolverlos, a fin de garantizar una vida,
trabajo y ambiente saludables, para todos los
ecuatorianos y ecuatorianas.

Es más, el mandato minero protege a millares de
trabajadores que sentían sus derechos lesionados, me
refiero a los agricultores que querían seguir siendo
agricultores, o quienes ejercían pequeñas iniciativas
productivas de turismo que estaban perdiendo sus
trabajos por la amenaza de una actividad de alto
impacto y en ausencia de control.

Con el Mandato estamos corrigiendo los horrores
-errores- de una época que no velaba por los intereses
de los pobres, sino que empobrecía a la gente y al
ambiente.

Estamos ganando tiempo y condiciones para desarrollar
controles ambientales fuertes, y esto demanda de
controladores fuertes: para tener regulaciones
fuertes, se requiere de reguladores fuertes. La
actividad minera exige de un proceso de consulta, que
no puede ser la misma del pasado, que ha acumulado
resentimientos y desconfianza de las comunidades. Son
precisos verdaderos estudios de impacto socioambiental
y cultural, sustentados en valoraciones
multicriteriales que permitan valorar la conveniencia
o no de los grandes proyectos mineros.

Todos estos temas son materia de la Asamblea
Constituyente.

Para la ley minera, que debería inspirarse en el nuevo
marco constitucional aprobado, el Mandado estableció
un término de 180 días (más de seis meses). Este
tiempo es necesario justamente para permitir una
congruencia con los temas de la nueva Constitución. No
puede ser interpretado como un golpe de gracia a la
minería, sino como el tiempo necesario para
regularizar la operación minera en el país, tanto la
minería artesanal o de subsistencia, la pequeña
minería, como la minería de los áridos, pero sobre
todo lo que podría ser la minería a gran escala. Son
días indispensables para tomar colectivamente
decisiones sobre el país que queremos, incluso para
decidir si el Ecuador puede ser declarado un país
libre de la gran minería metálica a cielo abierto.-