El Otro Rostro de la Mineria
La industria minera presenta la actividad como "sustentable" y ambientalmente amigable. Pero esta actividad extractiva es una de las más destructivas y amenazantes de las comunidades locales en los países del Sur. Encuentre aquí las pruebas.

Al igual que la mayoría de la población ecuatoriana y de colectivos y movimientos sociales, las organizaciones de Derechos Humanos hemos defendido y luchado por la posibilidad de construir "Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades...", anhelo que ha sido plasmado en la Constitución ecuatoriana.

La realización de este sueño, de construcción de una sociedad más justa y equitativa, de un modelo de desarrollo basado en el respeto a la naturaleza y a la dignidad humana requiere también la construcción de una democracia que permita escucharnos entre quienes lo compartimos; una democracia mediante la cual, el ejercicio del poder no sea la imposición y la fuerza, ni el diálogo y la toma de decisiones a puerta cerrada.

Con los mismos argumentos de desarrollo y progreso con que inició la era petrolera, hoy en día, el Gobierno sostiene su decisión de implementar la minería metálica a gran escala. Se pretende que esta actividad extractiva y sus impactos en el ambiente, en el agua, en las poblaciones campesinas e indígenas y en la población en general, sean "el bajo precio" que el país pague por un desarrollo que ya no se dio durante cuatro décadas de explotación petrolera.

Frente a la minería a gran escala, las poblaciones campesinas y ancestrales (indígenas y afroecuatorianas) han asumido la defensa del ambiente y sus derechos, cuestionando la extracción de recursos naturales como forma de desarrollo, poniendo en debate los paradigmas de riqueza y pobreza, el asistencialismo versus la autogestión, el trabajo minero dependiente versus las actividades tradicionales autónomas.

Preocupa que el Gobierno no sólo ignore los argumentos y demandas provenientes de los movimientos sociales sino que criminalice, estigmatice, denigre y reprima a las comunidades y a sus dirigentes.
Ante la violencia y represión vividas en las últimas semanas en la zona sur del país, a partir de las manifestaciones populares que rechazan la propuesta de Ley Minera oficial, las organizaciones firmantes tenemos la obligación de expresar al país, lo siguiente:

1. Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Nacional el cumplimiento de los principios fundamentales que animaron de la nueva Constitución Política del Ecuador y los derechos fundamentales que en ella se consagran. Es obligación del Estado garantizar el carácter integral, indivisible, inalienable, interdependiente y de igual jerarquía de los derechos humanos. Resulta inconcebible que estos se vulneren con el justificativo de la búsqueda de recursos económicos para la inversión social.

2. Exigimos a la Asamblea Nacional abrir el diálogo y la consulta a las comunidades afectadas para elaborar un marco legal, que orientado por la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, regule la minería que se está desarrollando en el país: áridos y metálica artesanal y de pequeña escala. Igualmente, instamos a que el Gobierno propicie un real y profundo debate sobre la minería a gran escala.

3. Finalmente, las organizaciones de Derechos Humanos firmantes ratificamos nuestro compromiso con las aspiraciones de cambio del pueblo ecuatoriano y nos mantenemos alertas ante la posible violación de derechos humanos de las personas que hagan ejercicio de su derecho a la protesta y resistencia.

Firmamos,
Vicente Calderón - ACJ del Ecuador
Elsie Monge - CEDHU
Anaité Vargas - APDH DEL ECUADOR - PIDHDD – CAPITULO Ecuador
Luis Àngel Saavedra - INREDH
Àngel Bonilla - CDES
Gualdemar Jiménez - SERPAJ